EE.UU. sancionó a una relatora de la ONU, revelando su historial de acoso y castigo a quien le señala violaciones de derechos humanos. Únete a nosotros en Telegram , Twitter y VK . Escríbenos: info@strategic-culture.su Cuando el gobierno de Estados Unidos decidió imponer sanciones contra la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, los defensores honestos de los derechos humanos quedaron consternados. La medida, anunciada en julio de 2025 por el secretario de Estado Marco Rubio, fue presentada como una respuesta a lo que el gobierno estadounidense llamó “esfuerzos ilegítimos y vergonzosos” de la especialista para promover acciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra autoridades israelíes y estadounidenses.
En la práctica, las sanciones significaron mucho más que un gesto diplomático. Albanese fue incluida en mecanismos de restricción vinculados al sistema financiero de Estados Unidos, lo que, en teoría, puede implicar congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, restricciones bancarias y limitaciones de viaje. La decisión constituye el intento más descarado de intimidar a una relatora especial de las Naciones Unidas.
La importancia del trabajo de la jurista italiana ayuda a explicar por qué se convirtió en uno de los principales blancos de Israel y de sus aliados occidentales. Desde que asumió el cargo en 2022, Albanese produjo informes contundentes sobre el sistema de ocupación israelí, calificándolo como una estructura de colonización permanente, segregación y apartheid. Tras el inicio del exterminio en Gaza, en octubre de 2023, comenzó a afirmar que existían elementos plausibles de genocidio en la campaña militar israelí.
Entre bastidores diplomáticos, su actuación pasó a ser vista por autoridades israelíes como especialmente peligrosa porque unía denuncias de violaciones humanitarias con una estrategia de responsabilización jurídica internacional.
A pesar del carácter excepcional de las sanciones, el caso Albanese no surgió de la nada. A lo largo de las últimas décadas, Estados Unidos desarrolló diferentes métodos de presión contra relatores especiales de la ONU considerados excesivamente críticos de sus políticas exteriores, de sus aliados o de su situación doméstica de derechos humanos. Antes de llegar al punto de imponer sanciones financieras, Washington ya había recurrido a campañas diplomáticas, ataques públicos, intentos de deslegitimación, restricciones de acceso y presión política sobre el Consejo de Derechos Humanos.
Los antecedentes más visibles de este patrón se encuentran precisamente en el mandato dedicado a los territorios palestinos ocupados.
Antes de Albanese, dos relatores especiales se convirtieron en objetivos frecuentes de campañas de descrédito: John Dugard y Richard Falk.
Jurista sudafricano y especialista en derecho internacional, Dugard ocupó el cargo entre 2001 y 2008 y se destacó por establecer comparaciones entre la ocupación israelí y el régimen de apartheid que existió en Sudáfrica. En informes presentados ante la ONU, argumentaba que la combinación de segregación territorial, puestos de control, expansión de asentamientos y severas restricciones a la movilidad palestina producía un sistema de dominación incompatible con el derecho internacional.
Sus posiciones provocaron una fuerte reacción de Israel y una creciente incomodidad en Washington. Diplomáticos estadounidenses, aunque frecuentemente de forma menos estridente que Tel Aviv, demostraban una oposición sistemática a las conclusiones del relator dentro del Consejo de Derechos Humanos, orquestando campañas de presión sobre aliados y países que pudieran tener influencia en votaciones y decisiones clave.
Si John Dugard enfrentó resistencia diplomática e intentos de descalificación política, su sucesor en el mandato palestino, Richard Falk, se convirtió en blanco de una campaña mucho más agresiva y personalizada.
Profesor emérito de derecho internacional en Princeton, Falk asumió el cargo en 2008 y rápidamente entró en conflicto abierto con Israel y Estados Unidos. Sus críticas a la ocupación israelí, al bloqueo de Gaza y a las ofensivas militares del país comenzaron a generar frecuentes enfrentamientos diplomáticos.
Israel llegó a impedir su entrada al país en diciembre de 2008, cuando Falk intentó realizar una misión oficial de la ONU en los territorios ocupados. Detenido en el aeropuerto Ben Gurion, fue mantenido bajo custodia y posteriormente deportado. El episodio generó protestas en las Naciones Unidas, ya que los especialistas independientes tienen, en teoría, derecho de acceso para desempeñar sus mandatos.
A lo largo de su período como relator, Falk pasó a defender que las políticas israelíes presentaban características de colonialismo y apartheid, desnudando el carácter de la opresión sionista sobre los palestinos. En diversos momentos, diplomáticos estadounidenses acusaron al relator de parcialidad e inadecuación para el cargo, simplemente por no seguir íntegramente los dictados de Tel Aviv y Washington, al contrario de aquello a lo que estos estaban acostumbrados.
Uno de los episodios más intensos ocurrió después de que Falk publicara comentarios sobre la opresión nacional contra los palestinos y la política exterior estadounidense. La entonces embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, pidió públicamente su salida del cargo, afirmando que era “inapto para servir” como relator especial. Organizaciones del lobby sionista, como UN Watch, también llevaron adelante campañas permanentes para su destitución, acusándolo de antisemitismo y conspiracionismo.
Falk respondió afirmando ser objeto de un intento sistemático de silenciamiento. En entrevistas y declaraciones, describió la presión sufrida como una campaña de “ataques personales” destinada a desviar la atención de las violaciones israelíes documentadas por su mandato. Guantánamo y la guerra contra los relatores de la tortura El patrón de presión observado en los mandatos sobre Palestina —descrédito público, presión diplomática e intentos de marginación institucional— reaparecería en otros frentes, especialmente cuando especialistas de la ONU comenzaron a investigar las consecuencias de la llamada “guerra contra el terrorismo” lanzada por Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
La cuestión de la tortura se convirtió en uno de los principales puntos de fricción entre Washington y los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Uno de los episodios más emblemáticos involucró al jurista austríaco Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura entre 2004 y 2010. Durante su mandato, Nowak buscó insistentemente acceso irrestricto a la prisión militar de la bahía de Guantánamo, donde cientos de detenidos permanecían sin juicio formal bajo acusaciones de terrorismo.
El gobierno de Bush aceptó parcialmente una visita, pero rechazó condiciones consideradas esenciales por la ONU. Entre ellas, la posibilidad de realizar entrevistas privadas con los prisioneros —procedimiento estándar en investigaciones internacionales sobre tortura y malos tratos—. Sin esas garantías, Nowak rechazó una visita meramente simbólica.
En declaraciones públicas, el relator afirmó que inspecciones sin confidencialidad equivaldrían a una “visita guiada”, incapaz de producir cualquier evaluación seria de las condiciones de detención. Aun así, tras analizar documentos, testimonios de ex prisioneros e informes médicos, concluyó que ciertas prácticas aplicadas en Guantánamo podían ser clasificadas como tortura o trato cruel, inhumano y degradante.
En los años siguientes, otros especialistas de la ONU enfrentarían reacciones semejantes al abordar el tema.
Juan Méndez, relator especial sobre la tortura entre 2010 y 2016, criticó el uso prolongado del confinamiento solitario, clasificando ciertos períodos de aislamiento extremo como una forma de tortura psicológica. Autoridades estadounidenses cuestionaron sus conclusiones y se resistieron a permitir acceso irrestricto a los detenidos.
Otro caso relevante fue el del británico Ben Emmerson, relator especial sobre contraterrorismo y derechos humanos. Emmerson pidió investigaciones penales sobre programas secretos de tortura de la CIA, incluidas prisiones clandestinas (“black sites”) y técnicas de interrogatorio utilizadas después del 11 de septiembre.
En una posición particularmente dura, afirmó que era una “obligación legal” de los Estados investigar y procesar a los responsables de actos de tortura autorizados en nombre de la lucha contra el terrorismo. La reacción estadounidense fue predominantemente defensiva, con autoridades sosteniendo que investigaciones internas ya habían tenido lugar y rechazando interferencias internacionales.
Más recientemente, el suizo Nils Melzer, también relator sobre tortura, enfrentó una fuerte resistencia política al denunciar abusos vinculados con la política de seguridad estadounidense y el tratamiento de prisioneros en contextos de guerra y extradición internacional. Aunque su caso está más asociado al trato dado a Julian Assange, Melzer también criticó la persistente impunidad en torno a los abusos posteriores al 11 de septiembre.